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lunes, 11 de octubre de 2010

El Municipio Libérrimo

El Municipio Libérrimo





He decidido olvidarme de terminar y publicar uno de mis dos libros que tengo en preparación, con el título del presente artículo, debido fundamentalmente a dos situaciones: la primera es que se dañó el disco duro mi computadora y desgraciadamente la información que ahí tenía es irrecuperable; la otra es porque la realidad me rebasó, en cuanto a las cotas o mojoneras que la Federación ha ido instrumentando en detrimento del municipio mexicano.


Su trama se desarrolla en su totalidad en las oficinas de gobierno, basada en las triquiñuelas de los servidores públicos en el ejercicio y práctica de la administración pública en sus tres niveles de gobierno; las cuales he podido observar por los 36 años que llevo laborando en ellos, en algunos funcionarios y empleados menores, con honrosas excepciones y; al igual que Nicolás Maquiavelo, todas las proporciones guardadas, las fui anotando minuciosamente antes de proceder al inicio de su redacción. Todo ello con alguna dosis de imaginación que lo situa entre libro y novela.


La esencia o el meollo del asunto era la de reseñar cronológicamente, las decisiones tomados por los gobiernos estatal y federal que por su contenido, van minimizando los avances logrados por los municipios mexicanos a partir de la reforma constitucional del Artículo 115 de nuestra Carta Magna realizado en 1999.


El libro empieza narrando la toma de protesta de los ayuntamientos de Pie de la Cuesta y Puerto Marqués, escindidos del Municipio de Acapulco; compadres entre ellos y, ninguno oriundo del lugar que iban a gobernar. El propósito final era demostrar, con evidencias plenas, que el municipio podría no sólo ser libre, sino libérrimo en nombre, facultades y atribuciones, pero que los controles legales, administrativos y electorales esgrimidos por la federación y el estado anulaban, en la práctica, esta connotación.


Comencé analizando la Ley de Coordinación Fiscal entre la federación y los municipios, y los diferentes fondos y ramos que maneja; encontrando que la integración de estos, el propósito al cual son destinados y los montos para cada uno de los municipios, son fijados por la federación unilateralmente, uniformando el destino de ellos sin tomar en cuenta los diversos grados de desarrollo que han alcanzado estos ni las necesidades de sus poblaciones. Lo cual, además de arbitrario se vuelve aberrante porque es una planeación del desarrollo centralista y programado lejos del lugar de los hechos y del sentir de los habitantes.


Pero además, el manejo interno de estas participaciones federales las hace el gobierno del estado, el cual se ha demostrado, las utiliza para presionar o chantajear a más de un presidente municipal, retrasando la entrega de estas. O premiando a sus afines.


Otro control que inclusive me atrevo a calificar de anticonstitucional, es la ya legendaria Auditoría General del Estado, integrada por técnicos y profesionistas contratados por el Congreso pero sin ser parte de el. Con lo cual han colocado a una entidad autónoma y con libre manejo de su patrimonio y hacienda, como es el municipio, en las manos de un contador que no representa a la población, porque no es parte de la legislatura. Es decir, un empleado del Congreso audita a un Ayuntamiento electo popularmente.


Entre otros asuntos, estos son el tipo de los que iba yo desmenuzando en mi libro como francamente atentatorios contra la autonomía y la libertad del Municipio Constitucional del Estado Mexicano. Al finalizar, planteaba yo, para revertir el estado de cosas que se habían venido sucediendo en perjuicio del municipio, la firma de un nuevo Pacto Federal donde ya fueran incluidos los 2,578 municipios que conforman el Estado Mexicano, como la “cereza del pastel” que coronaría la independencia y la libertad del municipio.


Sin embargo, “el destino me alcanzó” y nos alcanzó, -Club de Roma de por medio o no-, ha llegado al Congreso Federal la propuesta del Ciudadano Presidente de la República Mexicana para colocar, bajo un solo mando, a todas las policías; lo cual, al margen de análisis de otro tipo, quitaría más facultades y atribuciones a los presidentes municipales y a los ayuntamientos. Uniformando y rigidizando las actividades de la vida pública. Los dos mil millones de pesos solicitados para tal fin al Congreso de la Unión, aunados a los diez mil que le solicita el Secretario de la Defensa para crear grupos de reacción que patrullarán las zonas urbanas del País, nos mantendrán en un virtual estado de sitio y, al presidente municipal, como objeto y no sujeto de un ayuntamiento, formado en la fila de curiosos ante la realización de algún nuevo hecho delictivo, para poder enterarse de los pormenores.


Por su parte, el Congreso local pone otro grano de arena al logro de esta atomización e inmovilización del municipio y de sus habitantes, al aprobar en días pasados, una reforma constitucional para reducir, de cinco a dos, los años de residencia para aspirar al cargo de gobernador.


Desaparecer este requisito ya sólo es cuestión de tiempo, el necesario para que el inicio de mi libro cobre vigencia y alguien no oriundo de nuestra entidad federativa, venga a gobernarnos, como a principios del siglo pasado. Y entonces sí, la desmovilización, y la desmotivación, sería total.


Fraternalmente

Ing. Francisco Delgado García

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